Tácticas políticas del Partido Popular (II): cuando el gobierno controla a sus controladores

Este post fue publicado en el apartado de Opinión de la web de EQUO-CLM en agosto de 2013. Lo importo en este blog porque ya era entonces un preludio del control institucional del Partido Popular a nivel Estatal, y servirá como introducción al análisis de los cambios estructurales en CLM desde la perspectiva de 2014. 
Por entonces ya se adivinaba que aún sería peor al finalizar el mandato Popular, pero aún quedaba un resquicio de esperanza. Ya no.

Empezaré este artículo citando a Fernando Garea en El País de 19 de julio: “Nunca antes en democracia un Gobierno había acumulado tantos militantes del partido que le sustenta al frente de instituciones del Estado. Y la mayoría de esas instituciones tiene, precisamente, como objeto fundamental el control de los actos del Ejecutivo”. El autor y Joaquín Estefanía en la sección de opinión del mismo periódico, unos días más tarde, citan entre otros a la Defensora del Pueblo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Estado, y ahora sabemos que incluso el Tribunal Constitucional.

 

En Castilla-la Mancha la Presidenta ha ido incluso más lejos, y bajo el paraguas que todo lo cubre del ahorro ha suprimido, o planea suprimir, los órganos de control de la Comunidad: el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, y finalmente el Tribunal de Cuentas. Algo ahorra, pero a costa de no tener supervisión alguna de la acción del gobierno, y debilitar la defensa del ciudadano frente a la Administración.
El siguiente paso en la consolidación de su impune hegemonía fue retirar el salario que percibían los diputados. Con esta medida – otro supuesto ahorro – se asegura que sólo profesionales liberales puedan permitirse el lujo de presentarse al parlamento. O es que con la situación actual del mercado de trabajo, ¿puede alguien imaginar que un pequeño empresario, y no digamos ya un trabajador con contrato temporal, podrán presentarse a unas elecciones?
Y ahora el último, quiere reducir el número de diputados – la excusa es la habitual, el loro come demasiado chocolate – para dificultar al máximo la representación de terceros partidos, y distanciarse del PSOE.
En este entorno en el que el gobierno controla a sus controladores – cuando todavía existen, claro – no es de extrañar que surjan episodios de corrupción. Sería sorprendente que en un sistema sin vigilancia no apareciesen.
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